sábado, 9 de abril de 2011

Otra economía es posible (I)

Para creer en el desarrollo sostenible se debe empezar por cambiar las bases ideológicas del actual sistema económico. Nuestro sistema económico es muy agresivo, y tanto más porque se define como necesario e ineludible. El desarrollo sostenible es un proceso en el que se amplían las oportunidades del hombre, como disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y poder acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.


La economía de los países ricos se basa en producir y consumir grandes cantidades de bienes, lo que genera residuos y la necesidad de bienes no renovables. Así se daña el medio ambiente, con efectos como el cambio climático, el agujero de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad o la desertificación. Frente al deterioro y degradación medioambiental, deberíamos hablar de un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, según la conocida definición del informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Nuestro futuro común, de 1987. Dicha comisión fue presidida por la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland.

La Constitución española, en el artículo 45.1, expone que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. Con ello, el derecho a un medio ambiente equilibrado se convierte en un principio rector de la política social y económica.

Las dos ideas clave que, a mi entender, gravitan sobre el concepto de medio ambiente son su “preservación” y “conservación”, aspectos con rango similar a los de crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de precios y equilibrio de la balanza de pagos. La preservación hace referencia a un objetivo estático, y alude a la corrección de los atentados que recibe el medio ambiente, sobre todo en la misma fuente. La conservación, por su parte, representa un objetivo dinámico, en la línea de los conocidos aforismos clásicos de “quien contamina, paga” o “cautela y acción preventiva”. Todo ello se encuentra en la raíz de las pretensiones de la Unión Europea con relación a los objetivos de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

Sin que entre en contradicción con ello, quiero otorgar al medio ambiente el rango de derecho fundamental del ser humano. Una forma de clasificar los derechos humanos se basa en las distintas generaciones de los mismos, lo que afecta a su evolución histórica. Tal clasificación comprende los derechos de primera generación (derechos civiles y políticos), los de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales) y los de tercera generación, a partir de los cuales se busca preservar la integridad del ente colectivo. Entre estos últimos están el derecho a un medio ambiente equilibrado, a la paz y al desarrollo.

El desarrollo es un proceso de expansión de las libertades de las personas, que no pueden circunscribirse sólo al aumento del PNB o la renta personal, sino también al funcionamiento de las instituciones sociales y económicas (como la educación y la sanidad), a las que se unen los derechos políticos y humanos. Para que haya un desarrollo adecuado es necesario desterrar las limitaciones de la libertad, donde pueden incluirse la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los estados represivos.

Un número considerable de personas no consigue lograr las libertades básicas, por culpa de la pobreza económica que priva de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, vestir dignamente, tener una vivienda aceptable, disponer de agua limpia o servicios de saneamiento. Junto a todo ello, la privación de libertad está relacionada con la falta de servicios y atención social públicos, como la ausencia de programas epidemiológicos, sistemas organizados de asistencia sanitaria, de educación e instituciones eficaces para el mantenimiento de la paz y el orden locales. En otros casos, como señaló Sen, la violación de la libertad se debe directamente a la negativa de los regímenes autoritarios a reconocer las libertades políticas y civiles y a la imposición de restricciones a la libertad para participar en la vida social, política y económica de la comunidad. En última instancia, la falta de libertad económica incide sobre la falta de libertad social, de la misma forma que la falta de libertad social o política también puede fomentar la falta de libertad económica.

Hay una evidente interrelación entre las diferentes libertades; por un lado, las libertades políticas (de expresión y de elecciones libres), contribuyen a fomentar la seguridad económica; las oportunidades sociales (servicios educativos y sanitarios) facilitan la participación económica; y los servicios económicos (oportunidades para participar en el comercio y la producción) contribuyen a generar riqueza personal general, a la vez que recursos públicos para financiar los servicios sociales. Gracias a la existencia de las necesarias oportunidades sociales, las personas pueden establecer su propio destino y ayudarse mutuamente, de lo que se deduce que es fundamental una adecuada política económica y social.

Continuará…

(Artículo publicado en el Diario Progresista el 8 de Abril de 2011)

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